Sin respuesta

En la avenida de Mayo sonaba Mercedes Sosa, y mientras cantaba que todavía esperaba y soñaba, diferentes agrupaciones políticas y de derechos humanos marcharon desde Congreso hasta Plaza de Mayo y reclamaron por la aparición con vida de Jorge Julio López, testigo clave en el juicio contra el ex policía Miguel Etchecolatz por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

“¿Pasaron dos años ya?”, preguntó más de uno el 18 de septiembre cuando se enteraba del tiempo transcurrido desde la desaparición de López. El Gobierno fue el principal receptor de la mayoría de las críticas, y el caso puso en tela de juicio al régimen de protección a testigos en las causas sobre derechos humanos: dos años atrás ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público Fiscal cuidaron la integridad del albañil platense que había sido querellante en el juicio contra el primer acusado por genocida una vez derogadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Según la familia López, la Justicia tendría que “haber brindado garantías a sus justiciables una vez hechas las declaraciones” y pide que “se investigue a su entorno”. Desde el momento en que López desapareció, los Organismos de Derechos Humanos les adjudicaron un secuestro a los miembros de fuerzas de seguridad mientras el entorno de López creía (o quería creer) que en estado de shock traumático había ido a un cementerio de General Villegas para reencontrarse con sus padres. A partir de diversas denuncias, hubo más de un procedimiento policial que terminó sin un resultado concreto. A fines de ese mismo año, la desaparición de Luis Ángel Gerez sorprendió al país durante las 48 que duró por la similitud con el caso López: albañil y militante peronista que con su declaración había impedido la asunción como diputado nacional del ex comisario y represor Luis Patti.

Del caso Gerez se dijo que había sido un autosecuestro y también que lo habían armado con fines políticos resaltando que el ex presidente Néstor Kirchner se beneficiaría con la reaparición del hombre después de la frustrante ausencia de López durante su gestión.

De Jorge Julio López nadie sabe nada o bien algunos pocos saben demasiado. En un principio, el Gobierno bonaerense ofreció una recompensa de 200.000 pesos para quien brindara información sobre el paradero de López. El año pasado la cifra llegó al millón de pesos. Lo único cierto es que el silencio que genera no saber nada de alguien no se tapa ni con el barullo de las marchas.